X

Tres condenas por intrusismo suman más de 33 años de cárcel, en lo que va de 2026

Defensa profesión

  • Las resoluciones judiciales difundidas en lo que va 2026 reúnen penas que alcanzan 33 años y 7 meses de prisión en tres causas relacionadas con prácticas sanitarias sin la habilitación exigida o con la suplantación de la condición de médico
  • La labor del Colegio es decisiva como garante y vigilante del ejercicio profesional: su actuación contribuye a frenar el intrusismo, proteger la profesión médica y, con ello, salvaguardar la salud de la ciudadanía 

En lo que va de 2026 se han conocido públicamente tres condenas en la provincia de Las Palmas vinculadas al intrusismo y a la suplantación de la condición de médico. Distintos escenarios, distintos delitos, un mismo denominador común: cuando alguien se presenta como profesional sanitario sin serlo —o ejecuta actos reservados a quienes sí lo son—, el riesgo no es teórico. Se traduce en daño real.

En ese terreno, el Colegio mantiene una línea de trabajo constante: alerta, comprueba, denuncia y acompaña las actuaciones necesarias para preservar el ejercicio profesional. No es un debate corporativo. Es una barrera de protección para que la ciudadanía sepa, con certeza, quién está al otro lado cuando se ofrece un procedimiento “médico”. 

Caso silicona
La condena de mayor entidad corresponde a una mujer que, sin titulación en medicina, pero que se identificaba como médica jubilada, realizó infiltraciones de silicona líquida con finalidad estética y causó lesiones en la cara a 37 mujeres. El Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación, consolidando una pena total de 29 años y 7 meses de prisión.

Los hechos, según la información judicial difundida, se produjeron en Gran Canaria entre 2016 y 2019, con multa e indemnizaciones asociadas. En este procedimiento, el Colegio se personó como acusación particular en defensa de la seguridad del paciente.

No se trata solo de sumar años de prisión. El fondo es otro: frenar el intrusismo protege a los pacientes y refuerza la seguridad del sistema, cerrando el paso a prácticas sin garantías que pueden acabar dañando a quien más importa

Caso vientres de alquiler
El segundo caso se sitúa en otro plano, pero vuelve a apoyarse en la misma impostura: hacerse pasar por médico. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmó la condena de 3 años y 9 meses de prisión a un hombre que engañó a dos parejas haciéndoles creer que pagaban los servicios de una clínica internacional de gestación subrogada, con indemnizaciones a las víctimas por un importe superior a 80.000 euros, según informó el propio órgano judicial.

La nota judicial describe que una de las parejas llegó a viajar a Kaliningrado (Rusia) para iniciar el proceso, mientras el condenado controlaba la información y reclamaba nuevos pagos. El caso ilustra hasta dónde puede llegar el daño cuando se invoca una condición profesional inexistente para generar confianza, captar dinero y dirigir decisiones íntimas y complejas. 

En Fuerteventura, la ciudadanía alertó al Colegio tras detectar una publicidad sospechosa, la Institución investigó y presentó denuncia con celeridad. Esa rapidez permitió frenar la actuación antes de que se materializara

Caso salón de belleza
La tercera resolución se sitúa en Fuerteventura y pone el foco en la medicina estética. Un juzgado de Puerto del Rosario condenó, en sentencia firme, a tres meses de prisión por intrusismo en grado de tentativa a un hombre que ofrecía tratamientos como láser de rejuvenecimiento facial e inyecciones de ácido hialurónico en un salón de belleza sin contar con la habilitación necesaria.

Aquí la secuencia importa: la ciudadanía alertó al Colegio tras detectar una oferta sospechosa en Caleta de Fuste. A partir de ahí, la Institución realizó comprobaciones, investigó los hechos y presentó denuncia con enorme celeridad. Esa rapidez permitió frenar la actuación antes de que se materializara, evitando los riesgos que podrían haberse derivado para la salud de la población.

Sumadas, las tres condenas difundidas en 2026 alcanzan 33 años y 7 meses de prisión (29 años y 7 meses; 3 años y 9 meses; y 3 meses). No se trata solo de sumar años de prisión. El fondo es otro: frenar el intrusismo protege a los pacientes y refuerza la seguridad del sistema, cerrando el paso a prácticas sin garantías que pueden acabar dañando a quien más importa. 

Valora esta iniciativa 
Información
Fecha modificación 02 Marzo 2026