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La profesión médica reprocha al Ministerio de Sanidad su falta de gestión y sale en defensa de la dignidad y ética médica

Junta Directiva

  • En la Asamblea General del Consejo General, en la participó la presidenta del Colegio, se aprobó un Comunicado dirigido al Ministerio de Sanidad con motivo del Estatuto Médico

Este viernes 22 de mayo se celebró la Asamblea General de Presidentes del Consejo General de Colegios de Médicos de España. ​La presidenta del Colegio, Elizabeth Hernández, intervino por vía telemática al celebrarse en Madrid. 

La Asamblea General aprobó el siguiente Comunicado: 

La profesión médica española está viviendo uno de los momentos de mayor deterioro institucional, profesional y asistencial de las últimas décadas. La escalada de tensión generada en torno a la reforma del Estatuto Marco, la ausencia de un verdadero cuerpo normativo que reconozca la singularidad del ejercicio médico y la ruptura progresiva de los canales de diálogo entre el Ministerio de Sanidad y los representantes legítimos de la profesión han desembocado en una situación de conflicto que exige responsabilidad, voluntad real de acuerdo y una rectificación por parte del Gobierno.

Los profesionales observamos, con creciente incredulidad, cómo el Ministerio de Sanidad no está ejerciendo sus funciones de forma diligente, no ha tenido en cuenta las demandas de los facultativos y ha firmado un acuerdo para la puesta en marcha de un Estatuto Marco que regula nuestro ejercicio, pero que no cuenta con el respaldo de la profesión. Además, rechazamos los intentos del Ejecutivo central de escudarse en las transferencias sanitarias para eludir responsabilidades. El Estatuto Marco es una normativa estatal y responsabilidad exclusiva del Ministerio de Sanidad, cuya incapacidad para llegar a acuerdos es la causante de los retrasos en la atención sanitaria.

A esa falta de interlocución y voluntad de negociación se suman las ofensas provenientes de la propia ministra de Sanidad, que ha llegado a acusar a los médicos de tomar como “rehenes” a los pacientes por el hecho de ejercer su derecho constitucional a la huelga. Con esta falacia, el Ministerio busca desacreditar y poner a la sociedad en contra de la profesión que mejor puede garantizar su derecho a la salud, que sostiene el sistema sanitario y que siempre —independientemente de la situación de conflicto en la que nos encontremos— se guía por los principios y obligaciones que marca el Código de Deontología Médica para garantizar una asistencia sanitaria de calidad, humana, ajustada a las necesidades de cada paciente y basada en la evidencia científica. Un Código en el que, por otra parte, se establece que todos los responsables de la gestión sanitaria tienen el deber de actuar con honradez, ejemplaridad, transparencia y siempre en busca del bien colectivo y la equidad. Son estos principios los que deben presidir cualquier proceso de negociación y reforma sanitaria.

Sin embargo, la realidad asistencial actual, marcada por agendas inasumibles, déficit estructural de profesionales y ausencia de descansos adecuados, dificulta cada vez más el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad clínica y está produciendo una incidencia creciente de enfermedades mentales y un importante desgaste profesional entre facultativos.

Los colegios y consejos autonómicos de médicos, organizaciones profesionales, y otras muchas entidades representativas de toda España hemos expresado de forma reiterada nuestra preocupación ante el deterioro de las condiciones laborales y profesionales de los facultativos. Nos vemos obligados a ejercer en unas condiciones de sobrecarga estructural que nos agotan física, mental y emocionalmente, lo que, además, hace que nuestro Sistema Nacional de Salud pierda capacidad para atraer y retener facultativos. Los médicos hemos dicho basta porque, más allá del problema laboral que genera esta situación, se está poniendo en riesgo la calidad asistencial, la seguridad clínica de los pacientes y la sostenibilidad de la sanidad pública en España. Por eso, la reivindicación de unas condiciones laborales dignas es también una obligación ética hacia los pacientes y el conjunto de la sociedad.

Por todo ello, reclamamos al Ministerio de Sanidad:

  • Retirar y rectificar públicamente las acusaciones y declaraciones ofensivas vertidas contra la profesión médica y sus representantes.
  • Asumir responsabilidades ante la incapacidad para alcanzar acuerdos y gestionar el conflicto que está provocando un daño irreparable en la asistencia sanitaria nacional.
  • Recuperar de forma inmediata una actitud de respeto institucional, diálogo real y negociación efectiva con los representantes legítimos de los médicos, reconociendo la singularidad de la profesión mediante un marco normativo específico.
  • Impulsar medidas reales que permitan garantizar una asistencia sanitaria de calidad, segura, humana y sostenible para los pacientes y para los propios profesionales.

La situación actual no puede resolverse mediante confrontación, descalificaciones o estrategias de desgaste institucional. La sanidad pública española necesita que se afronten con seriedad los problemas estructurales que amenazan su presente y su futuro.

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Fecha modificación 28 May 2026